CON EL NOMBRAMIENTO DE TORRA SE PERSEVERA EN EL OBJETIVO DEL NAZIINDEPENDENTISMO DE SEGUIR CON EL MITO DE LA REPUBLICA CATALNA QUE SOLO EXISTE EN EL IMAGINARIO DE PUIGDEMONT.

Las primeras palabras del candidato de Puigdemont a la Generalitat, no han sido de dialogo sino de confrontación.  Al final y a la postre, toda esta puesta en escena  no hace más que dar la razón al juez Llerena en cuanto a la negativa las excarcelaciones de los políticos presos (que no presos políticos) por infringir las leyes, no solo constitucionales, también las normas autonómicas aprobadas por ellos mismos. Nada hace pensar que los propuestos Jordi Sánchez (que apellido más catalán) o Turul no se hubieran presentado con el mismo talante que Torra: confrontación con el Estado.

El 155 se desactivará en cuanto se nombre un gobierno según el acuerdo del Senado, pero mucho me temo que irremediablemente habrá que volver a recuperarlo por la inveterada decisión de una Cataluña independiente, a pesar de ser ellos minoria, mínima, pero minoria.

Es curioso, pero el naziindependentismo me recuerda a ETA. No tenían un proyecto de país independiente del País Vasco, pero para ellos la independencia era sagrada. En Cataluña ocurre algo de lo mismo, todavía estoy por ver que es el proyecto de esa republica catalana; si lo preguntas, no lo saben explicar. Al final, lo que no se quiere reconocer es que para los pistoleros de ETA dejar las armas era su muerte, no sabían hacer otra cosa y entonces dejaban de disfrutar de las prebendas y estatus que tenían. En el caso del naziiendependentismo, tal para cual. Si abandonasen su ideario separatista muchos tendrían que ir al paro y dejar de disfrutar de los privilegios que han alcanzado. Ítem más, a algunos les horroriza pensar que, probablemente, tendrían que dar cuentas a la justicia por el 3 %.

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PÉREZ ROYO VUELVE A ATACAR AL JUEZ LLARENA POR EL AUTO EN EL QUE SE DESCARTA REACTIVAR LA ORDEN DE DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

De nuevo el profesor Pérez Royo cuestiona el proceder de Pablo Llarena, juez instructor de los presuntos delitos cometidos en torno a la ilegal proclamación de la independencia de Cataluña. En esta ocasión la controversia la focaliza en el auto por el que el juez del Tribunal Supremo ha descartado reactivar la orden europea de detención contra Carles Puigdemont en Dinamarca, como le había solicitado la Fiscalía.

EL argumento de Pérez Royo se basa en que «El delito de rebelión en que se sustenta la querella admitida a trámite en primer lugar por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo es un delito imaginario, es decir, un delito que existe en la imaginación de los jueces de instrucción que han admitido a trámite las querellas y han adoptado las medidas cautelares sobradamente conocidas. Y también en la imaginación de los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han resuelto los recursos contra dichas medidas cautelares. La capacidad fabuladora de los Magistrados de nuestros dos máximos órganos jurisdiccionales parece que no tiene límites».

No puedo por menos que recordar el chiste aquel en el que un conductor se mete en la autopista por el carril contrario. Al observar el hecho en la sala de control, se da la alarma por los altavoces: – ¡Atención conductores!, un vehículo circula en sentido contrario dirección a la capital. Al oír el mensaje el infractor, exclama: ¡Uno no, son cientos!

En un anterior post ya expresé mi opinión, contraria a la del profesor Pérez Royo, sobre el concepto de violencia. Para él no existe el delito de rebelión si no hay violencia física, y en mi opinión, no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional, contravenir el propio Estatuto de Cataluña, los reglamentos, los dictámenes de los letrados del Parlamento de Cataluña, violar sus propias leyes anticonstitucionales, negar la palabra a la oposición, ignorar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, conculcar la privacidad de los ciudadanos usurpando información protegida por la Ley de Protección de datos y ejercer coerción y arbitrariedad abusando de su exigua mayoría parlamentaria, que no electoral, son actos intrínsicamente violentos que de forma deliberada provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave a un individuo o a una colectividad.

Todo ello sin tener que recurrir a las pruebas audiovisuales sobre las agresiones a las fuerzas de orden público. Estos son hechos ciertos que fueron eclipsados, como dije en su momento, por la desastrosa actuación de la Guardia Civil y Policía Armada el pasado uno de octubre.

Como quiera que no existe violencia, no hay delito de rebelión y éste es imaginario. Y esta es la razón, según Pérez Royo, por la que Llaneras ha descartado reactivar la orden europea de detención contra Carles Puigdemont en Dinamarca, como le había solicitado la Fiscalía. Es imposible «…convencer a ningún juez en un Estado democrático de derecho digno de tal nombre de que la conducta de Puigdemont -y de todos los miembros del Govern o de la Mesa del Parlament-, es constitutiva del delito de rebelión»

Paso por alto el que nuestro país, al decir de Pérez Royo, no es un Estado democrático digno de tal nombre, pero al margen de eso, me parece que otra vez volvemos a leer autos distintos.

No es descartable el riesgo de que no exista una total identidad legal del delito de rebelión entre Dinamarca y España, y que el magistrado instructor haya optado por no incurrir en el riesgo que se podía correr ante esta situación, pero lo importante del auto es que el instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido tirar por los suelos la argucia de Puigdemont, e impedir un uso fraudulento de la euroorden, que es exactamente lo que buscaba: quedar privado de libertad al ser detenido y que esa situación le permitiese argüir que si no acude a la de investidura habría sido porque el Estado se lo habría impedido Si no hubiera dictado un auto como el que nos ocupa, el nombramiento ilegal de Puigdemont no podría haber sido impugnado, porque el Estado español hubiera sido quien habría provocado aparentemente su ausencia de la sesión de investidura.

Lo que se pretendía era cometer es un clarísimo fraude de ley y eso es lo que el juez Llarena ha evitado con un auto en el que emplea argumentación estrictamente jurídica, sin ocultar los efectos políticos que pretendía el huido de la justicia, el señor Puigdemont.

 

 

 

SOBRE LA CALIFICACIÓN DE ESPERPENTO DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN PERSONAL DE ORIOL JUNQUERAS Y OTROS

He sido, y espero que pueda continuar siéndolo, un entusiasta seguidor de las columnas y artículos periodísticos del profesor Pérez Royo publicados en distintos medios durante muchos años. He aprendido mucho con su lectura, y era un gran satisfacción comprobar que muchos de sus análisis y opiniones coincidían con las mías, mejor dicho: las mías coincidían con la suyas.

Al leer en la sección Zona Crítica de «eldiario.es» su post intitulado «Esto no puede acabar bien nunca», pensé que alguien había usurpado su firma. La razón: hay cosas que nunca podía pensar que sliesen de su boca, por decirlo coloquialmente..

En efecto, calificar de esperpéntico el auto del supremo por el que se mantiene a Oriol Junqueras en prisión, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido unanimidad, es cuanto menos una desmesura, sobre todo dicho por un catedrático de Derecho. Leído   el auto se puede estar de acuerdo o no, pero rasgos grotescos y absurdos y que se degraden valores generalmente aceptados en el texto, es difícil, por no decir imposible, encontrarlos.

Para el autor, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», podrá ser, sin duda, una acción antijurídica, pero no es una acción constitutiva del delito de rebelión. Porque sin violencia no hay rebelión». «En todo el desarrollo del llamado procés no ha habido ni un solo acto de violencia por parte de los protagonistas del mismo». «Todas las personas que han participado, fueran autoridades o ciudadanos normales y corrientes, lo han hecho de manera completamente pacífica. Esto no se ha discutido por nadie»

No salgo de mi perplejidad. No acatar las sentencias del Tribunal Constitucional, contravenir el propio Estatuto de Cataluña, los reglamentos, los dictámenes de los letrados del Parlamento de Cataluña, violar sus propias leyes anticonstitucionales, negar la palabra a la oposición, ignorar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, ejercer coerción y arbitrariedad, conculcar la privacidad de los ciudadanos usurpando información protegida por la Ley de Protección de datos, ¿no es violencia?

Habrá que aclararle al profesor Pérez Royo que la  violencia se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave a un individuo o a una colectividad, de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Puede producirse mediante acciones y lenguajes, pero también por silencios e inacciones y es (generalmente) condenada por la ética, la moral y el derecho. En su forma intelectual consiste en distintos tipos de mentiras y manipulaciones, y de eso los Gobiernos de la generalidad son grandes profesionales.

La violencia no tiene que asociarse únicamente a la fuerza física, aunque ésta también ha estado presente en los acontecimientos de la DUI. El profesor Pérez Royo afirma que todas las personas que han participado, fueran autoridades o ciudadanos normales y corrientes, lo han hecho de manera completamente pacífica y que esto no se ha discutido por nadie. ¡Pues no! Ha habido violencia física, no solo contra personas sino contra inmuebles y enseres públicos. Es verdad que ha sido eclipsada por la desastrosa actuación de la Guardia Civil y Policía Nacional el 1 de octubre, pero agredir a las fuerzas de orden publico (hay constancia audiovisual de los hechos) o romper los accesos en contra de una decisión judicial para celebrar el referéndum, ¿no es violencia física? Impedir la actuación de la justicia en la Consejería de Economía de la Generalidad el 20 de septiembre, hasta el punto de que, habida cuenta de las coacciones, la secretaria del Juzgado y otros funcionarios finalmente fuesen evacuados por la una puerta lateral, ¿no es violencia?

En cuanto a que «El auto del Supremo por el que se mantiene a Oriol Junqueras en prisión es esperpéntico desde la perspectiva del delito de rebelión», ya he manifestado anteriormente que no atisbo en el texto rasgos grotescos y absurdos, y, por el contrario, aprecio que tiene la solidez y coherencia argumental típicas de resoluciones de este corte, estemos o no de acuerdo con ellas.

En efecto, haciendo abstracción de los delitos de desobediencia de las resoluciones judiciales y malversación de caudales públicos, los delitos que se imputan al Vicepresidente de la Generalidad son rebelión y subsidiariamente de sedición con riesgo de reiteración. En el auto se expone con claridad que en su condición de alto cargo del Gobierno de Cataluña incitaba a sus partidarios a movilizarse en la calle con la finalidad de reforzar sus actuaciones y forzar al Estado a aceptar la independencia (página 10 del auto).

Reiteradamente esta noción aparece en el auto que nos ocupa:

 

  1. Buscar «… el apoyo de movilizaciones populares como elemento decisivo para forzar al Estado a claudicar» (página 10)
  2. Impulsar «… a los partidarios de su posición a movilizarse públicamente ocupando espacios públicos con la finalidad de hacer efectiva la declaración de independencia» e «.. impulsar a sus partidarios a movilizarse contra el Estado» (página 13)
  3. «Habiendo acudido a las vías de hecho contra el Estado para declarar la independencia de Cataluña, incitaban directa o indirectamente a actuar de esa forma» (página 15)
  4. En los sucesos del día 20 de septiembre y 1 de octubre, tal y como resultan de los elementos indiciarios valorables en este momento, los partidarios de la línea defendida por el recurrente, incitados a la defensa de la misma mediante movilizaciones populares, no se limitaron a manifestarse para protestar por la acción policial o judicial, es decir, para expresar su opinión contraria a dichas acciones, sino que se enfrentaron físicamente con quienes actuaban en defensa de la ley». (página 16)
  5. «La incitación a la movilización de sus partidarios para reforzar mediante vías de hecho la pretensión política, defendida desde el Gobierno y otra instituciones de la Comunidad Autónoma, consistente en la declaración unilateral de independencia. Movilización que, dada la previsible reacción del Estado, tenía muy altas probabilidades de degenerar en episodios concretos de violencia o, la menos, en el empleo del tumulto para evitar el cumplimiento de la ley». (páginas 20 – 21)
  6. Incitación a sus partidarios a movilizarse en la calle, hasta enfrentarse incluso físicamente, con la finalidad de obligar al Estado a reconocer la independencia (página 22)

 

El profesor Pérez Royo habla de aberración desde la perspectiva de la rebelión. Es cierto que el delito de rebelión establece la necesidad de la existencia de un alzamiento violento y en el auto no se desarrolla el concepto de violencia, lo que se echa en falta desde los principios garantistas del Derecho Penal, pero sí es evidente que hay indicios de sedición, pues los días 20 y 21 de septiembre hubo alzamientos tumultuarios dirigidos a impedir registros judiciales y atemorizar a las fuerzas de seguridad y demás funcionarios públicos que debían llevarlos a cabo. Igualmente son indicios de delito el fomentar formar murallas humanas para impedir que el 1 de octubre que las fuerzas de seguridad retiraran las urnas de los colegios electorales.

Cabe colegir del post del profesor Pérez Royo que lo que tenía que haber hecho el Tribunal Supremo era dejar en libertad a Oriol Junqueras. Me parece que para que el Tribunal Supremo hiciese tal cosa, hubiese sido preciso, como mínimo, que el interesado, sin renunciar a sus ideas separatistas ni al derecho de manifestación pacífica, dijese de forma expresa acatar la legalidad vigente.

Es obvio que el recurrente ha estado mal asistido, porque su alegación plantea que el Estado de Derecho exige la libertad para garantizar la participación política y la representación de quienes lo han elegido.« Si embargo, ese derecho no hace desaparecer la obligación de asumir las consecuencias de la comisión de un delito. Tampoco las que pudieran derivarse de la existencia de indicios suficientes de esa comisión, que, en ocasiones, pueden determinar la adopción de medidas cautelares limitativas o privativas de derechos». (página 19).

Además, el auto precisa que «no existe ningún dato relevante que indique de forma seria que el recurrente ha abandonado su pretensión de alcanzar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral acompañada de movilizaciones populares que obliguen al Estado aceptarla» (página 23)

En el recurso de apelación de Oriol Junqueras se refiere a su disposición del dialogo. Para los magistrados «el dialogo a que se hace referencia en el recurso aparece referido exclusivamente a la forma en la que el Estado español pudiera prestarse a reconocer la independencia de Cataluña» (…) «El ofrecimiento de esa clase de dialogo o la invocación de la bilateralidad en esas condiciones no puede valorarse, pues, como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado mediante vías de hecho con la finalidad de obligar a aquel a reconocer la independencia de Cataluña».(página 22).

En suma, reitero mi rechazo a que se califique de esperpento el auto del Tribunal Supremo sobre el recurso de Oriol Junqueras. Es, sin lugar a dudas, claro y con fundamento. Otra cosa es que se discrepe en su totalidad o en parte.

    

 

LA SALMODIA DEL NAZIINDEPENDENTISMO

Es sorprendente que después de lo que se ha vivido desde el inicio del delirante proces, se pueda oír todavía al naziindependentismo su salmodia sobre la recuperación del estado de situación antes de la entrada en vigor del articulo 155 de la Constitución, en el caso de que ganen las elecciones. ¿De verdad que no son conscientes de que la mitad de la población no puede imponer a la otra mitad el cambio de nacionalidad? Tamaña desmesura es incomprensible a no ser que haya razones espúreas en conseguir ese objetivo. Es posible que el 1 de enero, fecha en la que se levanta el secreto bancario en Andorra, nos arroje luz sobre este asunto.

Hay un mensaje más moderado, impuesto por la situación procesal de algunos dirigentes de la causa independentista, en el que se dice que en el caso de sean ganadores de las elecciones del 21 de diciembre, solicitaran la negociación urgente con el Gobierno (ellos lo llaman el Estado español) del referéndum. ¿Por qué? ¡No hay respaldo suficiente según las encuesta que se están publicando en distintos medios, Exigir una negociación de ese corte sería posible si el resultado fuese de una mayoría cualificada a su favor, mayor del ochenta u ochenta y cinco por ciento de los votos, pero eso está muy lejos de que ocurra. Con la Administración central se podrá negociar lo que sea negociable, pero pretender acordar un plebiscito sobre la independencia de cataluña  con una exigua mayoría parlamentaria es de escasa inteligencia política.